Registro de costos y precios no abarcará a todos los sectores

Prevén que la Ley da pie a un "sistema de precios y ganancias controladas"

En principio el análisis se hará sobre cinco sectores prioritarios, y no todas las empresas deberán registrarse en la Superintendencia ARCHIVO

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ANGIE CONTRERAS C. , ROBERTO DENIZ |  EL UNIVERSAL

martes 22 de noviembre de 2011  12:00 AM

El esquema que manejará el Ejecutivo para la revisión de costos y fijación de precios en los bienes y servicios que así lo considere, genera incertidumbre y despierta preocupación en los sectores que serán objeto de la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos, que entra en vigencia a partir de hoy.

Aunque el Reglamento parcial de la Ley señala que la Superintendencia de Costos mediante providencia administrativa categorizará los bienes y servicios que serán analizados, en principio la revisión se hará en cinco sectores estratégicos: alimentos, productos de higiene personal y del hogar, construcción, repuestos de vehículos, medicamentos y servicios de salud.

La superintendente Karlin Granillo señaló a Unión Radio que aunque la Ley da atribuciones para abarcar todo el universo de bienes y servicios, actuarán en sectores esenciales y prioritarios. "Vamos a darle continuidad a los productos que ya se han regulado".

Señaló que para el análisis de las estructuras de costos se apoyarán en la información que ya han recaudado los organismos que venían trabajando en la fijación de precios, y la cotejarán con los datos que suministren las empresas a través del registro electrónico que, en teoría, estará activo desde hoy.

Aunque en el reglamento no se especifican los requisitos con los que deberán cumplir las empresas para inscribirse en el Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios, Granadillo dijo que ese proceso se hará en varias fases y se iniciará con información "elemental" sobre la empresa, los productos y los precios a los cuales se venden, y luego deberán informar sobre los costos.

"Se harán convocatorias públicas para las empresas que deban registrarse y tendrán un tiempo para hacerlo. No es la idea un registro masivo de todas las empresas o todo el universo, porque no van a ser atendidos al mismo tiempo", dijo.

Añadió que las fiscalizaciones se centrarán en dos áreas: a nivel de empresas en las que se realizarán auditorías internas; y el cumplimiento de los precios regulados en cuyo proceso tendrán protagonismo los consejos comunales.

De fondo

A juicio del abogado José Manuel Rafalli, con la aplicación de la Ley "vamos a un sistema de precios y ganancias controlados", en el cual se dejan los temas modulares a providencias administrativas posteriores a través de la Superintendencia.

Destacó que el reglamento habla de reconocer los costos directos, pero que en muchos casos existen "infinidad de costos indirectos" y el reglamento no los menciona.

Asimismo, estima que el reglamento parcial por el cual se regirá la Superintendencia deja abierta la duda sobre los temas que realmente preocupan a los sectores y que ningún vocero ha querido aclarar: cómo será ese "reconocimiento" de los costos y cómo se fijarán los márgenes de ganancia.

La Superintendencia cuenta con 90 días hábiles, contados a partir de la publicación del reglamento, no sólo para adecuar el funcionamiento interno del organismo sino también para dictar los instrumentos jurídicos necesarios para la aplicación de la Ley.

En ese lapso, según estiman especialistas consultados por este diario, el ente deberá regular los controles que la Ley establece, es decir, la notificación de los precios libremente determinado; los términos, condiciones y los lapsos en que se llevarán a cabo; el procedimiento del precio justo en el caso de que sea necesario, para lo cual deberá emitir las providencias administrativas.

Señalan que, de acuerdo con la redacción del texto, la Ley no se aplicará a todos los sectores, y estiman que mientras el organismo no informe sobre los criterios que aplicará no es "exigible" el cumplimiento de la misma".